El 5 de mayo de 2013 entró en vigor el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ello permitirá a las personas reclamar justicia ante las Naciones Unidas en el caso de que se vulneren sus derechos (incluidos alojamiento adecuado, alimentación, agua, saneamiento, salud, trabajo, seguridad social y educación) y su gobierno no proporcione resarcimiento. En el contexto de la actual crisis económica, estamos plenamente convencidos de que es sumamente importante que todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) firmen y ratifiquen el Protocolo y empiecen a tener en cuenta, aunque sea con retraso, el impacto de las medidas de austeridad en los derechos humanos.
En los países de la UE, la crisis económica y las medidas de austeridad han afectado a diversos derechos económicos y sociales, entre ellos los que garantizan el acceso a seguridad social, vivienda, salud, educación y alimentación. Estas medidas suelen tener un efecto desproporcionado en los sectores más pobres y marginados. Junto con Amnistía Internacional muchos somos los que creemos que la UE, al firmar y ratificar el Protocolo, ha de demostrar el compromiso de sus 27 miembros para adoptar medidas que respeten los derechos humanos.
Pero parece que este aspecto ha brillado por su ausencia en las discusiones, pese a la obligación existente de garantizar que toda persona puede disfrutar de derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación. En virtud de esta obligación, los gobiernos deben seguir protegiendo los derechos humanos durante las recesiones, sobre todo porque las comunidades vulnerables quizás corran un riesgo especial.
Es una obligación internacional garantizar que las medidas no son discriminatorias, no socavan de forma desproporcionada los derechos vigentes, no afectan con mayor dureza a los sectores sociales más vulnerables y desfavorecidos, ni sumen a las personas aún más en la pobreza. El derecho internacional también estipula que las medidas deben garantizar un nivel mínimo de cada derecho, por ejemplo, que ninguna persona deberá quedarse sin hogar, sin acceso a atención médica básica, pasar hambre o verse abocada a la indigencia.
